viernes, 31 de octubre de 2008

SE VIENE EL FRENTE DE UNIDAD POPULAR


SE VIENE EL FRENTE DE UNIDAD POPULAR
Este año LA VALLESE, EL MOVIMIENTO EVITA, LA AGRUPACIÓN SANTIAGO PAMPILLON, LA PUIGGROS, CONSENSO Y MEGAFÓN formamos el FRENTE DE UNIDAD POPULAR como parte de un proceso de debate y construcción política colectiva dentro del movimiento estudiantil de nuestra Facultad. El triunfo electoral de Macri, el resultado del conflicto por las retenciones móviles y las actuales resistencias a la estatización de las AFJP expresa la recomposición de una derecha neoliberal. Este reverdecer neoliberal se apoya en un fuerte discurso antipolítico, individualista, privatista y mercantilista, así como en los déficits de construcción política de los sectores populares y nos plantea nuevas tareas.
En este sentido creemos que el Centro de Estudiantes debe ser la herramienta a partir de la cual luchar por las reivindicaciones históricas y los derechos de los estudiantes. Es a su vez, una forma de organizar al movimiento estudiantil, entendido como el conjunto de los estudiantes. Lamentablemente, el Centro de estudiantes de nuestra facultad fue vaciado de contenido, y su espíritu fue tergiversado. Hoy se limita a ser la secretaría de Apuntes, sin siquiera cumplir su objetivo original. Esta secretaría fue creada para que los estudiantes consigamos los apuntes al menor precio posible, democratizando y socializando el acceso al material de estudio, contemplando las becas necesarias para los compañeros con mayores dificultades económicas. Después de 5 años de presidencia de Oktubre esta forma de pensar el centro parece estar olvidada. Sus prácticas mercantilistas transformaron a nuestro Centro de Estudiantes en un instrumento de financiamiento partidario y en una máquina propagandística. Lejos está de ser la herramienta de movilización y organización del movimiento estudiantil de Sociales.
Como parte del movimiento estudiantil debemos asumir la necesidad de llevar la batalla de ideas al interior de nuestra sociedad. Desde la universidad y el movimiento estudiantil tenemos que contribuir a evitar el peligro de que se reinstale el consenso neoliberal que impero en la década de los ´90 y que puso en riesgo a la existencia misma de la universidad pública. Sin embargo la actual conducción del Centro (OKTUBRE) le hace el juego a la derecha por puro oposicionismo al gobierno de turno. Esto constituye un error estratégico, una posición de miopía y mezquindad política. En un contexto de crisis internacional del capitalismo realmente existente, los sectores populares tenemos que recuperar el terreno perdido sin caer en la “enfermedad infantil del izquierdismo”. Por todo lo anterior, desde el FRENTE DE UNIDAD POPULAR creemos que los estudiantes de Sociales tenemos que recuperar el Centro de Estudiantes y ser protagonistas del debate y la lucha por construir una sociedad más justa y libre.

Recuperemos el Centro
Por un Centro de Estudiantes • Solidario, sin excedente en Apuntes• Democrático, con Estatuto• Organizado por el Edificio, con Comedor y Guardería• Comprometido con nuestro Pueblo
FRENTE DEUNIDAD POPULAR
LA VALLESE La Corriente Nacional www.lavallesenacional.org /// info@lavallesenacional.org
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
SANTIAGO PAMPILLÓN
LA PUIGGROS
CONSENSO
Megafón

viernes, 24 de octubre de 2008

Proyecto de estatización de las AFJP

PODER EJECUTIVO DE LA NACION
BUENOS AIRES, 21-OCT-2008
AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:
Tengo el agrada de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de Ley por el que se propicia la eliminación del actual régimen de capitalización, que deberá ser absorbido y sustituido por un único régimen de reparto.
Se persigue el objetivo de la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a ser financiado por un sistema solidario de reparto,
Tal régimen deberá garantizar a todos los afiliados y beneficiarios del actual régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la que brinda el régimen previsional público.
El presente proyecto de Ley enmarca al sistema de seguridad social dentro de los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al establecer que el Estado es quien otorga los beneficios de la Seguridad Social en forma Integral e irrenunciable.
Este sistema previsional unificado estará basado en el principio de solidaridad, en el que el régimen público tiene un rol Inclusivo y redistributivo, acorde con las políticas que ha desarrollado el Gobierno Nacional desde el año 2003.
Las jubilaciones y pensiones deben, por definición, otorgar certezas a los ciudadanos en un momento de sus vidas en el cual ya no participan de la fuerza activa de trabajo.
Los antecedentes históricos del sistema previsional en la República Argentina tienen su hito fundacional en la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 27 de noviembre de 1943 ya que, hasta dicha fecha no existía un esquema central estratégico y, por lo tanto, coexistían diversos sistemas jubilatorios que le daban respuestas particulares y heterogéneas, no cuidando la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
La creación del Consejo Nacional de Previsión Social en el ario 1944 formalizó el convencimiento del Estado Nacional en cuanto a diseñar y poner en funcionamiento un sistema previsional de alcance nacional e integral.
La reforma de la Carta Magna del año 1949 había otorgado rango constitucional a los derechos ciudadanos sobre la Seguridad Social, liderando en Latinoamérica las cuestiones relativas al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, Este proceso inclusivo y protector de derechos solo pudo ser detenido por los quiebres del orden institucional
El actual artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente consagró la obligación del Estado en cuanto al otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable, así como el derecho a jubilaciones y pensiones móviles
Las Leyes N° 18.037 Y N° 18.038 construyeron un sistema público y solidario de alcance general que abarcaba a la mayor parte de la población económicamente activa , cubriendo las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento.
Dicho sistema sufrió un progresivo deterioro , originado, entre otras causas, en el constante proceso dé desindustrialización comenzado a fines de la década de 1970; la creciente informalidad laboral y la consecuente caída de los recursos del sistema; la proliferación dé regímenes especiales sin los necesarios esquemas de financiamiento; los cambios demográficos; el proceso inflacionario y sus consecuencias sobre las relaciones ingreso/gasto del sector público y la alta litigiosidad por problemas de diseño del sistema.
Aquél conjunto de circunstancias pusieron claramente de manifiesto que no puede existir un sistema previsional que funcione sin relaciones laborales formales,
Estas ratones, adicionadas a las dificultades macroeconómicas que vivió la República Argentina, fueron condiciones que evidenciaron la necesidad de replantear el sistema entonces vigente,
Sin embargo, la respuesta otorgada oportunamente por el Estado no tuvo una visión nacional solidaria y sustentable que previera aumentar los niveles de cobertura1 el valor de las prestaciones y el sostenimiento en el tiempo de los derechos de que se trata,
Así ,se implementó la idea del ahorro individual administrado por empresas privadas, reemplazando al seguro social de base solidaria como pilar fundamental del sistema, considerando que sólo quien podía ahorrar podría jubilarse cristalizando la distribución del ingreso,
Claro está que dichas administradoras sólo podrían existir mediante una regulación que privilegiara al sistema de capitalización por sobre el régimen público, No es ocioso recordar que el proyecto original ; eliminaba la participación del Estado, es decir el régimen de reparto del sistema previsional público argentino, quedando dentro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la organización institucional residual de las cajas previsionales y de asignaciones familiares,
La imposición del sistema de capitalización traía aparejada la visión de que los aportes eran de propiedad individual por lo que, la cuestión del trabajo organizado, también fue concebida como un asunto individual.
Sin embargo los resultados contradijeron dicha premisa. Así en 1993 antes dé la implementación del régimen de capitalización la tasa de desempleo fue del OCHO CON OCHO POR CIENTO (8,8%), un alto después de la vigencia del régimen, la misma se habla incrementado en DIEZ (10) puntos porcentuales, llegando hasta el DIECIOCHO POR CIENTO (18%). La crisis del año 2001 marcó un pico de desempleo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y hoy luego de CINCO (5) años de políticas públicas activas, ha vuelto a colocarse por debajo del OCHO POR CIENTO (8%) con lo que se pone de manifiesto la importancia de la presencia del Estado en materia de políticas activas y de control sobre los mercados laborales, como determinante del empleo formal.
Por otra parte, cabe resaltar el desarrollo del mercado de capitales, en ese sentido el volumen de fondos administrados por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS OE JUBILACIONES Y PENSIONES (AFJP) destinado a la adquisición de acciones equivale al DIECINUEVE CON CINCO POR CIENTO (19,5%) del capital flotante,. es decir aproximadamente el SIETE CON OCHO POR CIENTO (7,8%) de las empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sin embargo, dicha participación es de tan sólo el CINCO CON NUEVE POR CIENTO (5,9%) del valor de mercado de dichas acciones.
En el mismo sentido entre junio de 2000 y junio de 2007, previo al inicio de la crisis global, el saldo administrado por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES y PENSIONES (AFJP) se multiplicó pasando de 18.714 millones de pesos a 95.871 millones de pesos, en tanto que para el mismo período la relación entre el saldo del fondo de jubilaciones y pensiones y el PBI aumentó 1,8 veces.
Sin embargo para el mismo periodo, la capitalización bursátil doméstica creció sólo 3,5 pasando de 5,979 millones de pesos a 179.771 millones de pesos, mientras que la capitalización bursátil doméstica sobre PBI aumentó sólo 1.3 veces,
Además, se esperaba que dicho sistema aumentara la cobertura de la población, es decir que se incrementara el número de jubilados, circunstancia que no se ha producido, no obstante cabe señalar que la cobertura medida, en términos porcentuales, bajó del SESENTA POR CIENTO (60%) al CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (47%),
Asimismo, es de destacar que la evaluación de las comisiones cobradas por las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (AFJP) demostró que las mismas han sido incrementadas, teniendo en cuenta que se fijan sobre los salarios brutos, Esto motivó que por una decisión política de reducción de aportes para los afiliados a este régimen, llevada adelante en el año 2001, la comisión sobre el aporte ascendiera al SESENTA POR CIENTO (60%) de la suma aportada por cada trabajador, en promedio entre 2001 y 2003, Es decir, que durante dicho periodo el monto capitalizado fuera casi inexistente.
También se esperaba que este régimen estimulara a los ciudadanos de mayores ingresos a realizar aportes voluntarios al sistema, en tanto que, a la fecha, el total de aportes no obligatorios no supera el CERO CON TRES POR CIENTO (0,3%) del total de los ingresos que reciben las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES,
Conceptualmente el sistema de capitalización deja el futuro de los ingresos de nuestros trabajadores y jubilados a merced de los avatares del mercado financiero, es decir sujeto a operaciones de riesgo, tal como se hace más evidente ante la crisis financiera internacional.
La previsión social es una institución creada para otorgar certezas, por lo que la misma no puede tener como pilar central una actividad intrínsecamente riesgosa y que además ha demostrado que puede distanciarse fuertemente de la economía real por periodos prolongados cuando los productos financieros no tienen un correlato con la riqueza en términos de bienes y servicios.
Finalmente, en el año 2003 se advirtió que nos encontrábamos, frente a un sistema previsional con cobertura baja y en descenso, alta litigiosidad, haberes congelados, desigualdad en las condiciones del sistema de reparto y el de capitalización (opción negativa, diferencia de aportes, cálculo de la prestación adicional por permanencia) y gestión deficiente de los trámites previsionales.
Frente a dicha circunstancia, el Estado toma un rol activo en la reconstrucción del sistema previsional público en sus distintos parámetros.
Esto en el convencimiento del Gobierno Nacional de entender que la situación social se mejora tomando medidas técnicas que promuevan reformas sobre una base humana y moral que tenga en consideración al hombre; la familia y la sociedad como principales protagonistas a ser protegidos por el Estado como administrador de la Seguridad Social.
En ese, sentido, perfeccionar el sistema contribuye a mejorar la calidad institucional del país, entendiéndose que ningún modelo de crecimiento económico que descuide la Justicia Social puede ser efectivo en el largo plazo.
Con esta visión estratégica del rol central del Estado en la Seguridad Social se ha consolidado el sistema previsional, habiéndose mejorado toda la escala de haberes, ampliando la cobertura del sistema jubilatorio a más de un millón y medio de ciudadanos.
Para ello la Ley N° 26.222 permitió la libre opción entre regimenes y equiparó la prestación por permanencia. Asimismo se igualó la tasa de aporte entre ambos regimenes, se redujeron las comisiones de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES al UNO POR CIENTO (1 %), instaurando, además, la mutualización del sistema de invalidez.
Se constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, Finalmente, la movilidad de las prestaciones consagrada parla Ley N° 26.417 otorga a las mismas previsibilidad y consistencia al sistema.
En definitiva, actualmente tenemos un sistema previsional público robusto, con cobertura, con fortaleza financiera e institucional que incluso cubrió los desajustes en las prestaciones del régimen de capitalización, ya que la Ley N° 26.222 consagró la garantía del haber mínimo para todos los beneficiarios.
Es cierto, hoy, de los 445.000 beneficiarios del régimen de capitalización el Estado concurre en el pago de los mismos en el SETENTA y SIETE POR CIENTO (77%) de los casos y 179.000 jubilados de capitalización reciben complementos para que su haber no sea inferior a la mínima garantizada.
Además hay que resaltar que 33.000 casos tienen ya su cuenta de capitalización individual totalmente consumida, y por consiguiente es el Estado quien paga la totalidad de sus haberes.
El proyecto iniciado en el año 2003 ha llevado adelante en forma sistemática y consistente la reconstrucción del sistema público de reparto en el convencimiento técnico y político de que el sistema previsional requiere más certezas que Interrogantes y que el Estado debe tener un rol activo en la seguridad social, con la convicción de que es posible una buena administración de los recursos públicos y una gestión estatal eficiente y eficaz.
Es importante destacar que en países como ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la REPUBLICA FRANCESA, el REINO DE ESPAÑA y CANADA, entre otros, rige un sistema previsional público, en tanto otros, como los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la REPUBUCA DEL PERU y la REPUBLICA DE CHILE, han adoptado un régimen previsional mixto o privado, con dispares resultados frente a los últimos acontecimientos en materia financiera,
Frente a todo lo expuesto, se propone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público, eliminándose el actual Régimen de Capitalización, el que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
Asimismo, se propone que el Estado Nacional garantice a los afiliados y beneficiarios del citado Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gocen a la fecha de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley.
Además, el proyecto de ley acompañado prevé que los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los periodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización, se considerarán como SI hubiesen sido prestados al Régimen Previsional Público.
Por otra parte, se establece que los beneficios de la jubilación ordinaria, del retiro por invalidez y de la pensión por fallecimiento que, sean liquidados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de Retiro Programado o Retiro Fraccionario, serán pagados por el Régimen Previsional Público. Asimismo, los beneficios que se liquiden bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.
En tanto, los afiliados al Régimen de Capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de "Imposiciones Voluntarias" y/o "Depósitos Convenidos” y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad.
Frente a lo expuesto, se propone transferir en especie a la ADMINISTRÁC10N NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que Integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones los que pasarán a Integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.
Se dispone, también, que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL entidad actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL gozará de autonomía financiera y económica con los alcances que disponga la reglamentación bajo la supervisón la COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Los representantes del pueblo y de las provincias tomarán así; un rol activo en el seguimiento y el cuidado de los fondos de la seguridad social, en aplicación de una verdadera política de estado para su custodia, en tanto los fondos pertenecen a los aportantes y no al Estado Nacional.
Se prevé que, de resultar procedente el pago de una compensación, el Estado sólo entregará a los accionistas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, titulas públicos emitidos o a emitirse por la REPUBLICA ARGENTINA; por hasta un valor máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación del presente proyecto de ley, estableciendo, además, que se preservará el empleo de los dependientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
Con respecto al personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el articulo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias se establece que será transferido a la SUPERINTENDENC1A DE RIESGOS DEL TRABAJO; en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Por último, entre otras disposiciones, se establece que la ADMINISTRACION NACIONAL DE lA SEGURIDAD SOCIAL, en un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente proyecto de ley, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativas sus disposiciones en lo relativo a la recepción de los aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento,
En consecuencia, este Gobierno Nacional cree que es necesaria la existencia de un solo régimen previsional, el que no puede edificarse sobre la base de una actividad intrínsecamente riesgosa como es el mercado de capitales con la consecuente especulación financiera, por lo que se eleva el presente proyecto a consideración de Vuestra Honorabilidad solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
FIRMANTES: SRA. PRESIDENTA DE LA NACION SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ...
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
TITULO I
Sistema Integrado Previsional Argentino
Capitulo I
Unificación
ARTICULO 1° - Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley.
ARTICULO 2° - El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.
Capítulo II
Afiliados y Beneficiarios
ARTICULO 3°- Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los periodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización, serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al Régimen Previsional Público.
Los trabajadores podrán solicitar que se consideren las remuneraciones percibidas mientras se encontraban afiliados al Régimen de Capitalización para la determinación de la Prestación Adicional por Permanencia correspondiente a dicho período, aún cuando no estuvieran comprendidas en los DIEZ (10) años anteriores al cese en los términos del inciso a) del articulo 24 de la ley Ley N° 24.241 y concordantes,
ARTICULO 4° - Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la presente, sean liquidados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de Retiro Programado o Retiro Fraccionario serán pagados por el Régimen Previsional Público. El importe de las prestaciones de los actuales beneficiarios de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 1 ° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias,
ARTICULO 5°.- Los beneficios del Régimen de Capitalización previstos en la Ley N° 24.241 Y sus modificatorias que a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.
ARTICULO 6°.- Los afiliados al Régimen de Capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de “Imposiciones Voluntarias” y/o “Depósitos Convenidos” y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la ADMINISTRACIQN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su Objeto social para tal finalidad.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas pertinentes a esos fines.
TITULO II
De los recursos del Sistema
ARTICULO 7° - Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 6° de la presente ley. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Decreto N° 897/07.
ARTICULO 8° - La totalidad de los aportes correspondientes a los trabajadores autónomos financiará las prestaciones del Régimen Previsional Público, modificándose1 en tal sentido, el articulo 18, inciso c) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias
TITULO III
De la supervisión de los recursos
ARTICULO 9° - La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL entidad actuante en la Órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL gozará de autonomía financiera y económica con los alcances que disponga la reglamentación, estando sujeta a la supervisión de la COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Dicha comisión estará Integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el CONGRESO NACIONAL Y el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informara los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.
Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.
TITULO IV
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
ARTICULO 1O - En ningún taso las compensaciones que pudieran corresponder a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el Estado Nacional, de corresponder, entregará a los accionistas de dichas entidades, titulas públicos emitidos o a emitirse por la REPUBLICA ARGENTINA, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos para evitar afectaciones a la cotización de los mismos, permitiendo, asimismo, que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL tenga derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos,
ARTÍCULO 11 - A través de las áreas competentes se realizarán todos los actos necesarios tendientes a preservar el empleo de los dependientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
ARTICULO 12 - El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias será transferido a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el MINISTERJO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL.
A los efectos relativos a la antigüedad en el empleo del personal que sea transferido, se considerará como tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación con el organismo cedente. Asimismo, deberán transferirse los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas.
Los gastos que demanden las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central serán financiados por la Administración Nacional de la Seguridad Social y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en la forma y proporciones establecidas en la reglamentación.
TITULO V
Régimen General
ARTICULO 13,- Los afiliados del Régimen Previsional Publico tendrán derecho a la percepción de una Prestación Adicional, por Permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los Incisos a) y b) del artículo 17 de la Ley N° 24.241.
El haber mensual de esta prestación se determinará computando el UNO y MEDIO POR CIENTO (1,5%) por cada año de servicios con aportes realizados al Régimen Previsional Público en igual forma y metodología que la establecida para la Prestación Compensatoria. Para acceder a. esta prestación los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del articulo 23 de la citada Ley.
A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y otros inherentes a la Prestación Adicional por Permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria.
ARTICULO 14 - Deróganse el inciso e) del articulo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 'en 1997 y sus modificaciones y el articulo 113 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
ARTICULO 15 - La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley N° 24.241 y sus modificatorias le hubiera asignado a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
TITULO VI
Disposiciones Transitorias
ARTICULO 16 - La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativa la presente ley en lo relativo a la recepción de los- aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento en el plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 17 - Encomiéndase al PODER EJECUTIVO NACIONAL la elaboración del texto ordenado de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, debiendo adecuarse la misma a lo establecido por la presente ley. Asimismo, podrá disponer la supresión de aquellas disposiciones que a la fecha del ordenamiento, hayan perdido actualidad.
ARTICULO 18 - La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 19 - Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL
SRA. PRESlDENTA DE LA NACION SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

miércoles, 22 de octubre de 2008

Conferencia del Cónsul de Bolivia en la UBA, 23/10 – 19 hs

Jueves 23/10 – 19 hs: Conferencia del Cónsul de Bolivia en la UBA
6º encuentro de la Cátedra Libre Salvador Allende
Jueves 23/10 – 19 hs - Aula 103Sede Parque Centenario. (Franklin 54 o Ramos Mejías 841)Facultad de Ciencias Sociales - UBA
Conferencia:“El Desarrollo de los movimientos sociales que plantean la defensa de los recursos naturales y de los derechos humanos en Bolivia”
Dr. Alberto González SamaniegoCónsul General de Bolivia
Participará el Sr. Decano de la Facultad de Cs Sociales: Federico Schuster
Organiza Cátedra Libre Salvador Allende
www.catedralibresalvadorallende.blogspot.com
catedralibreallende@gmail.com
Auspicia Fac. de Cs. Sociales - UBA
Invitan:
FRENTE de UNIDAD POPULAR
LA VALLESE
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
SANTIAGO PAMPILLÓNLA PUIGGROS
CONSENSO

viernes, 15 de agosto de 2008

SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO - LA VALLESE

El desenlace del conflicto por las retenciones móviles marcó una importante derrota político-ideológica de los sectores populares debido a que los sectores oligárquicos fueron capaces de articular un amplio bloque que ha logrado obtener la hegemonía ideológica por fuera y en contra del Estado nacional. Esto, visto en perspectiva, es la continuación del mismo proceso político que se evidenció en el triunfo electoral de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Un proceso que marca el surgimiento de una fuerte corriente de opinión social que expresa a una nueva derecha conservadora y que simultáneamente evidencia el cierre del ciclo político iniciado con la crisis del 2001.
Frente a esto desde el campo popular tenemos que intensificar la lucha político-ideológica contra el bloque oligárquico. Como escribió Cooke, no se puede enfrentar a la oligarquía desde sus mismos valores. Hay que ir avanzando en la construcción de una conciencia política que vea a la democracia como una forma de resolución pacífica de las luchas políticas del país. La concesiones ideológicas en este sentido, la idea de una normalidad entendida como ausencia de conflicto político, la idea de que los gobiernos se reducen a elencos técnicos que pueden y deben gestionar asépticamente los problemas sociales no solo implica desconocer la existencia de intereses sociales diversos sino que también fortalece una visión conservadora del statu quo (es decir de los intereses de los más fuertes, los intereses oligárquicos). La redistribución de la riqueza, cualquier avance hacia la justicia social y hacia el desarrollo autónomo nacional, vulnera los intereses de los sectores oligárquicos, de las empresas transnacionales y del imperialismo. Los hechos recientes, más allá de sus cuestiones secundarias y superficiales, muestran claramente que para el bloque oligárquico (especialmente para su núcleo más duro e invisible, las transnacionales de los agronegocios como Cargill y Dreyfus) existen porciones de rentabilidad que no pueden ser alteradas sin una enorme dosis de conflicto.
Por lo tanto, desde los sectores populares resulta necesario crear estrategias y desarrollar organizaciones políticas capaces de vencer en los próximos conflictos frente a los enormes márgenes de rentabilidad que pretenden mantener e incrementar los grupos que comandan el bloque oligárquico. Esto implica poder construir políticamente más allá del mero electoralismo que reduce la lucha política a la disputa por los espacios institucionales. Hay que superar la concepción que tiende a suplantar el esfuerzo militante y la construcción de una amplia corriente de opinión dentro de la sociedad con el peso de los aparatos. Tenemos que lograr construir organizaciones capaces de desarrollar estrategias que superen los particularismos y los personalismos en función de unificar las fuerzas del campo popular. Generar organizaciones políticas capaces de llevar el debate político al interior de la sociedad para reconquistar la hegemonía ideológica.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, más allá de ciertas posturas críticas y protagonismos de opinión, fue incapaz de producir y socializar un conocimiento realista sobre de la estructura social del agro argentino y los mecanismos de funcionamiento de los agronegocios. Asistimos así, una vez más, a un rol científico y académico marginal por parte una Facultad cuya comunidad académica (y los conocimientos por ella producidos) debería agregarle calidad y perspectiva científica al debate publico. Así, se produjo el absurdo de que el grueso de los estudiantes de Sociales no accedió a dicho conocimiento en sus aulas, actividades y publicaciones específicas, sino a través de los "interesados" medios de comunicación masiva al igual que el resto de la opinión pública. Por ello, también planteamos la necesidad de dar esta batalla ideológica y política en dicho ámbito, para que no se reduzca a ser una mera fábrica de técnicos y de fraseología. Para lograr que nuestra Facultad, como productora de conocimiento científico, se convierta en una herramienta importante para disgregar la hegemonía ideológica del bloque oligárquico.

POR UNA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO EN UNA PATRIA LIBERADA

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miércoles, 30 de enero de 2008

Norberto Ivancich, Diego Raus, Sergio De Piero, Transformaciones en el Estado y en las Políticas Públicas - Junio de 2005

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Ciencia Política

Seminario: Estado y Sociedad Civil en la Argentina Contemporánea. Reflexiones desde la Ciencia Política

Tercer encuentro: Transformaciones en el Estado y en las Políticas Públicas, 23 de Junio de 2005.

Panelistas:

Norberto Ivancich (UBA)

Diego Raus (UBA-UNLA)

Sergio De Piero (UBA-FLACSO)

Organización: Agrupación La Vallese
Auspicia: Dirección de la Carrera de Ciencia Política
Desgrabación, edición y corrección: Agrupación La Vallese

Presentación: Este seminario pretende poner en discusión una serie de problemáticas de la sociedad y la política argentina a las cuales la Ciencia Política o bien no ha dado respuesta o sólo lo ha hecho de manera parcial y fragmentaria; el objetivo es doble: por un lado efectuar una crítica a los patrones recurrentes de aproximación a los fenómenos políticos que han caracterizado a diversas escuelas politológicas y, en segundo término, aportar desde la Ciencia Política distintas herramientas tendientes a la construcción de alternativas prácticas dentro de la coyuntura actual.
En lo que se refiere al primer aspecto, la tradición politológica argentina, sobre todo a partir de la década de los ochenta, ha centrado su análisis en la necesidad de fortalecer las instituciones liberal-democráticas, en el marco de lo que se denominó transición democrática, en consonancia con los trabajos que se estaban llevando a cabo en Europa y otros países de América Latina sobre esta misma temática. A partir de la década de los noventa, sin embargo, la Ciencia Política pierde en buena medida su anclaje en la realidad sociopolítica, tanto al nivel de la producción académica como de la práctica profesional. Es indudable que nuestra carrera no ha podido dar cuenta satisfactoriamente de los distintos procesos de desarticulación de la Sociedad Civil (desocupación, pobreza, falta de acceso a los servicios básicos) que han acosado a la Argentina a partir del proceso de reconversión neoliberal que sufrió. Las visiones hegemónicas dentro de la disciplina, fundamentalmente las diversas escuelas de corte institucionalista, no alcanzaron a comprender en toda su dimensión las nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad civil, así como la transformación de la naturaleza de los actores que suelen mediar entre ambos terrenos, primordialmente los partidos políticos y su perdida de penetración y credibilidad en el seno de la sociedad. En este sentido, la propuesta de este seminario es, dialogando críticamente con los enfoques existentes, la de comenzar a pensar en una reformulación teórica y metodológica de nuestra disciplina, considerando las complejas interacciones existentes en el Estado y la Sociedad Civil en los procesos políticos contemporáneos.
Teniendo en consideración este diagnóstico, nuestro segundo objetivo reside en captar las problemáticas actuales de la Argentina posterior a la crisis de 2001. Cabe considerar que la caída de De la Rúa en diciembre de 2001 ha marcado un punto de inflexión en la vida política nacional, haciendo patente, por un lado, el grado de fragmentación y exclusión social que se vino produciendo desde 1976 en adelante y, por otro lado, arrojando la necesidad inmediata de comenzar a discutir proyectos alternativos. Es esta última dirección la que queremos profundizar a través de la serie de encuentros que programamos, enfatizando las transformaciones que se vienen dando en el ámbito del Estado, de la participación política, de los partidos y movimientos sociales, así como al nivel de la integración regional y el papel de la Argentina dentro del contexto latinoamericano.

Diego Raus: En principio buenas noches a todos. La temática que convocaron a esta reunión es Estado y Sociedad Civil en la Argentina contemporánea y es, nada menos ni nada más, que hablar del Estado y hablar de la sociedad, es decir: hablar de todo. A mi me gustaría empezar con tres conceptos de tres autores ya clásicos de la Ciencia Política o de la Teoría Política que de alguna manera definían un poco el tema del Estado. Por un lado Guillermo O´Donnell, que en un artículo bastante profundo del año 1982 - Apuntes para una teoría del Estado -, definía al Estado y a la sociedad como un espacio de mutua constitución. Incluso largaba un concepto, el de “co-constitutividad” entre el Estado y la sociedad, y lo que quería decir es que no se entiende al Estado sin la sociedad y no se entiende a la sociedad sin el Estado, obviamente en un período histórico, no en términos abstractos. Históricamente explicar un Estado tiene que ver con la sociedad y explicar una sociedad tiene que ver con el Estado.
Otro autor norteamericano, James O´Connor, en un libro de 1973 (La crisis fiscal del Estado) hablaba críticamente del Estado –desde un enfoque neomarxista- y señalaba que el problema del Estado contemporáneo –en 1973 el se refería a ese modelo que fue el Estado de Bienestar- era que había cumplido dos funciones paralelas que era proveer a la acumulación de capital pero a su vez generar legitimidad social, o sea: el Estado es una suma de acumulación o de funciones de acumulación y de legitimación. Y el precisamente lo que veía como aspecto crítico era que en la necesidad de acumulación del capital la función de legitimación del Estado cada vez era más dificultosa.
El otro autor que quería citar, filósofo, recientemente fallecido, Norbert Lechner, que hizo su carrera en Chile, en un artículo de 1992, es decir donde ya estaban inscriptos los procesos de reforma del Estado sobre todo en América Latina, criticaba estos procesos de reforma del Estado porque decía que en definitiva la reforma del Estado había dejado el rol de ordenador social, o sea de constituir un orden social, al mercado y decía que el mercado no puede constituir un orden social, el mercado cumple muchas funciones pero no el de constituir en sentido de coherencia, de homogeneidad un orden social, rol que había cumplido el Estado y que ahora había dejado de cumplir.
Es decir, si analizamos al Estado hoy, en estos últimos años para situarnos en Argentina, hablamos de un proceso de reforma del Estado, un proceso que fue tan necesario a las reformas económicas como las mismas reformas. Nos acostumbramos a decir que después del plan de convertibilidad básicamente hay una profunda transformación de la estructura económica, social y política de la Argentina, pero no hay que dejar de tener en cuenta que no sólo fue una reforma económica - apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones, control de la inflación, estabilidad del tipo de cambio- sino que eso necesitó sí o sí la reforma del Estado. Y cuando entran los análisis acerca de la reforma del Estado, hay cientos de trabajos, papers, investigaciones publicadas acerca de los múltiples aspectos que hacen a la reforma del Estado, la reforma administrativa, la reforma del empleo público, la descentralización del Estado, la reforma económica, la reforma jurídica, es decir: los análisis de la reforma del Estado hacen hincapié en la reforma de las funciones del Estado, pero creo que no hay que perder de vista el concepto que implicó estas reformas funcionales del Estado y ese concepto es precisamente el que señalaba Lechner en su artículo, que la reforma del Estado en definitiva encubrió un retiro del Estado como ordenador social, y con ordenador social no quiero decir un orden autoritativo, imperativo, quiero decir alguien que desde lo público constituye un determinado sistema de relaciones sociales tendiente a algo. El Estado argentino, más allá de los baches o de los momentos autoritarios, tendió desde el yrigoyenismo, pero sobre todo desde el peronismo, a un proceso de generación de políticas públicas que en definitiva tendían a la inclusión social, es decir: constituyó un orden social, que en la Argentina se fue desmoronando desde la dictadura, intento reemerger en la etapa de los ochenta y definitivamente se reconfiguró con la políticas de los años noventa. Esto es lo esencial para entender la reforma del Estado, entender como el Estado perdió o le hicieron perder o se retiró de esa responsabilidad política que tiene que ver con la constitución de un orden social que tendía a la inclusión.
Este aspecto no es menor, porque este aspecto está presente en los análisis críticos del modelo del Estado de Bienestar que empezaron a emerger muy fuertemente a fin de los sesenta y principios de los setenta en los países centrales y que definitivamente terminaron generando, como base ideológica, las políticas neoconservadoras que se desplegaron en el mundo, sobre todo en los países centrales, a principios de los ochenta, desde Reagan y Thatcher hasta las defecciones o reconfiguraciones de la socialdemocracia europea o el laborismo inglés. Y me refiero básicamente a lo que fue los análisis que formuló la Comisión Trilateral y público dentro del documento llamado Documento Trilateral. Ese documento trilateral tenía tres capítulos, un capítulo que hablaba sobre los Estados Unidos, otro sobre la Comunidad Europea y otro sobre Japón. El capítulo de los Estados Unidos es muy ilustrativo, lo escribió Samuel Huntington, entre los años 1969 y 1972, en los cuales funcionó y publicó la Comisión Trilateral. Esta comisión que se había reunido a instancias de los gobiernos o de estas instituciones (Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón) para analizar la recesión económica en que había comenzado a caer el capitalismo keynesiano a fines de los sesenta, se había reunido con ese objetivo, con ese objetivo trabajó y con ese objetivo publicó su informe: El Documento Trilateral. Y es llamativo, en este sentido, el título del Documento: La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las sociedades. Es decir: lo que había empezado por tratar de analizar un problema económico llega a un diagnóstico que es político, porque el problema para el Documento Trilateral era el problema de la democracia y de la gobernabilidad social. ¿Y en qué hacían foco en este doble aspecto, crisis de la democracia y gobernabilidad de las sociedades? Hacían foco en las excesivas funciones que los Estados habían empezado a desarrollar a partir del modelo que se conforma después de la segunda posguerra: el Estado de Bienestar.
Creo que, también acá hago un pequeño paréntesis, hay que entender bien esto del Estado de Bienestar. Entenderlo en el siguiente sentido: se piensa al Estado de Bienestar rápidamente como un Estado de distribución social, un Estado de políticas sociales, un Estado de derechos sociales, y el Estado de Bienestar fue un modelo político institucional con el que se pudo rearticular no solo la crisis de los treinta sino el conflicto social que había emergido en la crisis de los treinta –la desocupación, el desempleo, la desprotección del trabajo, etcétera-. Todo lo que se reconfigura después de la segunda posguerra hasta exactamente 1980 tiene que ver con un modelo institucional que permite un nuevo pacto, contrato o compromiso social, ese que permitió la emergencia de los derechos sociales, de las políticas sociales, pero también de un nuevo sector social –los sectores obreros, asalariados urbanos- que se transformaron en sujetos de derecho precisamente a partir de las políticas del Estado de Bienestar. Eso fue el Estado de Bienestar, más que un Estado Social un modelo de institucionalización política de un nuevo acuerdo social.
Ese modelo de Estado de Bienestar es el que critica Huntington. Y dice que precisamente ese modelo permitió todo este proceso de movilidad social tan fuerte y de construcción de demandas sociales tan fuertes, inclusive de nuevos actores sociales –no solo los sectores obreros sindicalizados -, sino ya estaba hablando de los estudiantes universitarios, de los movimientos de derechos civiles, de los movimientos raciales, etcétera; y decía que toda esa construcción de demandas sociales, en un Estado de las características del Estado de Bienestar –un Estado que en definitiva se legitimaba procesando permanentemente nuevas demandas sociales- impactaba en el costo fiscal del Estado, en el funcionamiento fiscal del Estado. Incluso en ese capítulo Huntington tiene una observación muy interesante. Él dice: aproximadamente en los años cuarenta los ingresos fiscales del Estado norteamericano eran de aproximadamente 40 mil millones de dólares y los gastos fiscales eran 44 mil millones. Él lleva esa comparación a mediados de los sesenta y ve que los ingresos fiscales del Estado Norteamericano eran de 320 mil millones de dólares y los gastos fiscales de 333 mil millones. Es decir la ecuación 40 mil millones - 44 mil millones, 320 mil millones – 333 mil millones, es similar, es pareja. El pequeño déficit fiscal que el Estado tenía en 1940 es similar porcentualmente al que tiene en 1965. Lo que Huntington hace hincapié en esa comparación es que en la suba de las cifras de 40 mil millones a 330 mil millones. Para Huntington eso demuestra el exceso de actividad del Estado, medido en costo de política pública, y ese, para Huntington, es el problema. El problema es que ese exceso de gasto fiscal, ese costo que tiene la política pública está en función de una sociedad que cada vez demanda más y de un Estado que es permisivo para procesar esas demandas sociales. Concepto que Huntington hizo famoso con la “sobrecarga de demandas” sobre el Estado.
Hecho el diagnóstico el problema no es económico, es político; hay un exceso de democracia –bueno obviamente Huntington no va a recomendar para los Estados Unidos o para la Comunidad Europea que la democracia no exista más -, pero va a decir, bueno, lo que tiene que hacer de ahora en más el Estado es empezar a controlar las demandas sociales. Los canales institucionales del Estado no tienen que ser absorbentes de demandas sociales sino que tienen que ser filtros de las mismas.
Este documento trilateral publicado en 1972, conocido y analizado exhaustivamente, es el afluente o el emergente ideológico del neoconservadurismo político de los ochenta. Y cualquiera que haya estudiado un poco las políticas de Reagan, pero sobre todo de Thatcher, piensen que el Estado inglés de posguerra es el Estado de economía nacional más fuerte que hay en el mundo –inclusive que los países latinoamericanos -, los principales sectores económicos eran propiedad del Estado. Este es el modelo de políticas que lleva al neoconservadorismo: reforma del Estado, achicamiento del gasto fiscal, achicamiento de políticas públicas, control del gasto, etcétera Pero en definitiva reconfigura el rol del Estado como constitutivo o co-constituidor, como diría O´Donnell, de un orden social. El orden social tiene que pasar al mercado. Thatcher tiene una frase célebre en esto, dice: “voy a hacer de cada obrero inglés un pequeño capitalista” – y con esto defiende la política de privatizaciones que lleva adelante -, mejor metáfora para decir el pase del Estado, de lo público, al mercado no hay. El orden social lo crea el mercado, y el mercado discrimina de acuerdo a capacidades, habilidades, conocimientos, etcétera Pero la responsabilidad de la vida de cada individuo y de cada grupo social depende de su suerte o de su inserción en el mercado. Ya no hay responsabilidad del Estado.
Este es el trasfondo ideológico que permea las reformas concretas, objetivas de los Estados, en los capitalismos centrales, pero luego a partir de los noventa en los países latinoamericanos.
Entonces, esta es la situación en la cual obviamente quedó la Argentina. Hay un nuevo emergente social, el desempleo, precariedad del empleo, informalidad, pobreza, nueva pobreza, exclusión, etcétera, pero no hay que olvidarse de la otra parte: hay un Estado que durante largos años en la Argentina se retiró de la responsabilidad de rearticular de alguna manera ese orden social que iba produciendo el mercado luego de las reformas económicas. Entonces, como sabemos que ni la teoría del derrame ni la teoría del orden social vía mercado tienen ya aceptación dado el desmadre social que existe en el mundo, esto obviamente está en revisión, está permanentemente en discusión y debate y obviamente en la Ciencia Política y en las Ciencias Sociales con más razón.
Entonces uno observa últimamente muchas charlas, conferencias, artículos sobre este tema, y muchas de estas reflexiones hablan de pensar el Estado, repensar el Estado; y otras hablan de la reconstrucción del Estado, reconstruir el Estado –no hablemos de la Argentina nada más. En esta reflexión que es rica y es necesaria, obviamente, pensar el Estado y reconstruir el Estado, no son dos términos antinómicos y separados, sino absolutamente complementarios. Porque pensar el Estado en abstracto podemos hacer mucha teoría, muchos ejemplos históricos…, reconstruir el Estado en términos de funciones que se dejaron de hacer, implicaría algunos aciertos, algunos errores, cosas posibles, cosas no posibles, expectativas, frustraciones. Creo que la cuestión es pensar que Estado hay que reconstruir. Pensar primero el Estado en función de qué Estado para qué sociedad, y luego a partir de ese diagnóstico sí pensar en la reconstrucción del Estado. Porque se estaría reconstruyendo un Estado no en términos históricos, de lo que fue o lo que tuvo que ser, sino en función de la sociedad, vamos a hacer una metáfora, “realmente existente”, que es la sociedad argentina actual. Creo que el debate, para ser productivo y no ser solamente debate o reflexión, tiene que tener este hilo conducente, pensar el Estado en función de qué sociedad tiene que co-constituir, como decía O´Donnell, qué orden social hay que de alguna manera rearticular, reconstruir, para luego sí reconstruir el Estado, que quiere decir generar acciones, políticas públicas e instituciones estatales.
Porque lo que no se puede pensar en esta coyuntura es una reconstrucción del Estado en función de lo que fue el Estado argentino. Porque el Estado argentino fue algo y funcionó a veces bien, a veces mal, en función de una sociedad que tampoco existe más. A su vez, no nos olvidemos, y hay que tomarlo objetivamente y es así, que tanto las actuales sociedades así como los actuales y potenciales Estados reconstruidos se mueven en un mundo globalizado, no solo económica, sino social, cultural y políticamente, el cual se transforma en un marco externo bastante restrictivo. Entonces ya no hay una autonomía ni en el pensamiento ni en la práctica para pensar un Estado como se pensó y se construyó durante varias décadas en la Argentina. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta: qué sociedad es la argentina hoy actualmente y por lo tanto qué Estado necesita –si pensamos que obviamente en definitiva pensar y reconstruir el Estado tiene que ver con proveer políticas públicas que tiendan progresivamente a volver a un proceso de inclusión social, porque lo que hay hoy es efectivamente exclusión social- y, por lo tanto, gestionar un Estado, políticas públicas e instituciones en función de esa idea de sociedad, de esa idea de qué es lo que hay que hacer para rearticular, volver a incluir a vastos sectores sociales.
El debate y la reflexión de hoy es sobre la Argentina contemporánea. ¿Qué ve uno en la Argentina contemporánea, en la política argentina contemporánea, en la política de este gobierno en función de esto, pensar el Estado y reconstruir el Estado? Creo que, tratando de ser objetivo –ni haciendo propaganda ni criticando a un gobierno- y en términos de análisis, la Argentina de estos últimos dos años sobre todo, está dando fuertes pasos en esa reconstrucción del Estado. No terminantes pero fuertes pasos. Cuando uno piensa, simplemente para poner ejemplos concretos, en una situación donde se plantean a los deudores privados de la deuda externa e interna argentina una renegociación en tal punto y más allá de mínimos arreglos: la negociación o se hace así o no se hace, yo digo: se está reconstruyendo un Estado, hay Estado, está empezando a haber Estado de nuevo. Si yo veo que, sea por motivos electorales o por otros motivos, no hay una suba de las tarifas de las empresas privatizadas a pesar de que estas tienen argumentos jurídicos y el Estado argentino les proveyó de argumentos jurídicos en su momento para que ahora aumenten las tarifas públicas y no aumentan las tarifas públicas y se negocia o simplemente no aumentan las tarifas públicas, yo pienso: se esta reconstruyendo el Estado, está empezando a haber Estado de nuevo en la Argentina. Si uno dice: gran parte de los planes sociales actuales - que no son lo mejor del mundo, tampoco alcanzan para el desmadre social que hay en la Argentina y que se están reconfigurando de “Jefes y jefas” a “Manos a la obra”-, gran parte de esos planes se financian con un impuesto extraordinario a las exportaciones –extraordinarios porque en su momento Duhalde lo planteó así, luego se mantuvo- agroexportables, agroindustriales o petróleo inclusive –quiero decir que empresas están pagando ese impuesto o que grupos económicos están pagando ese impuesto- para financiar en parte esos planes sociales, yo pienso, bueno, está empezando a haber Estado de nuevo.
Por otra parte y para terminar: el debate es Estado y Sociedad Civil. Intenté hablar un poco del Estado. Hablemos mínimamente de la Sociedad Civil. ¿Qué es la Sociedad Civil? La Sociedad Civil es todo de alguna manera o es un concepto, incluso abstracto me animaría a decir, pero no es la sociedad “realmente existente”; es más, Gramsci se había detenido muy fuertemente en señalar que la diferencia entre la Sociedad Civil y la Sociedad Política es analítica, es teórica, sirve para entender con la relativa autonomía que cada campo tiene, pero no es real. La Sociedad Civil también es Sociedad Política; es más, Gramsci sostiene, la Sociedad Política es parte de la Sociedad Civil, es parte de la sociedad y de los conflictos de la misma. Pero bueno, aceptemos que se hable de Sociedad Civil para diferenciarla de la Sociedad Política, sea del sistema de gobierno, del sistema político. ¿Qué es la Sociedad Civil? Es el conjunto de los individuos sociales, ciudadanos que no participan activamente en términos de representación o función en la política. Ese concepto tampoco nos ayuda mucho si después lo tenemos que rearticular en pensar y reconstruir un Estado en la Argentina. Es bueno, sirve teóricamente, pero cuando esto se tiene que transformar en una política práctica, en una política pública hacia la sociedad, bueno, operacionalizemos esa Sociedad Civil. Y la operacionalización de la Sociedad Civil es transformar ese amorfo que es un conjunto de ciudadanos en determinados, concretas, efectivas e históricas identidades sociales, podemos llamarlos grupos sociales, movimientos sociales, clases sociales, sinteticémoslos por ahora en “identidades sociales”. La Sociedad Civil es un espacio absolutamente fragmentado entre diferentes identidades sociales, y son esas identidades sociales las que co-constituyen al Estado y a su vez tienen que ser co-constituídas por el Estado.
No podemos entender al Estado solamente como una serie de instituciones o funciones, hay que pensarlo en el rol y en la responsabilidad de constituir un orden social en términos de sujetos de derecho, y no podemos pensar a la Sociedad Civil como un todo sino como un conjunto fragmentado por intereses contradictorios o en conflicto, pero en el Estado de la sociedad argentina contemporánea, una Sociedad Civil donde muchos de sus grupos o identidades sociales tienen en este momento más derechos que otros, más derechos a tener un Estado que hay que reconstruir. Gracias.

Sergio De Piero: Buenas noches. Gracias por la invitación. Un tema que me parece bastante claro y que es una fuerte diferencia con el debate de los ochenta incluso es que a partir de la gran reforma del Estado de los noventa, incluso en nuestra disciplina –la Ciencia Política- desapareció la preocupación por la Teoría del Estado. La crisis de los paradigmas dominantes del siglo XX, el marxista y el estructural-funcionalista sistémico parsoniano, la crisis en la que entraron en la década del setenta hizo disolver la discusión sobre la Teoría del Estado. Es decir, a partir de los noventa ya no hay un debate fuerte en torno a la génesis del Estado, la función del Estado, la representatividad del Estado respecto a los grupos sociales, ni que hablar del tema de clases, etcétera Inmediatamente ese debate se diluyó, y emergió como centralidad la cuestión de las políticas públicas. El debate en torno a la existencia del Estado –en el caso nuestro sociedades capitalistas periféricas- fue reemplazada por, menos que un debate, una discusión sobre las políticas públicas. Eso es muy palpable en nuestra carrera. Fue muy notoriamente transformándose desde finales de los ochenta hacia los noventa a dirigirse hacia el paradigma diseño-planificación-ejecución-evaluación de políticas públicas. A eso redujo el Estado la reforma. De esta reducción fue también parte la Universidad. La Universidad también, más allá de lo que hizo individualmente cada uno o algunas cátedras, como colectivo o como conjunto la Universidad aceptó esa discusión como dominante y dejar de discutir una Teoría del Estado y una concepción del Estado en ese momento concreto de la reforma. De la mano de todo lo que señalaba Diego (Raus) del paradigma pos-Comisión Trilateral y presidencia de Reagan y primer ministerio de Thatcher.
Cuando desaparece la discusión del Estado y simplemente caemos en la temática de las políticas públicas, el debate ya no se torna sustantivo sino meramente procedimental. Lo que está en juego es de que manera hacemos mejor determinadas políticas y no tanto qué rol juegan los sujetos sociales en torno a esa política, qué actores son relevantes, a qué actores afecta y qué rol juega cada uno de los actores sociales y clases sociales en ese debate. Todo eso desaparece para dar lugar a la cuestión meramente procedimental, que desplaza del sujeto que en el debate de la Teoría del Estado es la Sociedad Civil o la sociedad en su conjunto, la categoría de “pueblo”, fundamental en la historia de nuestro país y de nuestro continente, se traslada a una discusión del rol de los expertos. La tecnocracia, la tecnoburocracia internacional comienza a ocupar el lugar de aquellos sujetos que eran formadores del Estado. Al trasladarse el eje hacía las políticas públicas, el rol de la sociedad en su conjunto en la construcción del Estado se ve violentamente reducido y marginado.
En el gobierno de Alfonsín, en los ochenta, es interesante ver cómo el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales toman buena parte de las temáticas emergentes. Crean la Secretaría de Derechos Humanos, Dirección de la Mujer, Dirección de la Niñez, Dirección de la Ancianidad, Secretaría de Medio Ambiente, Asuntos Indígenas. Lo que terminó sucediendo en los noventa es que con este traslado del paradigma de la discusión sobre la Teoría del Estado hacía las políticas públicas, es que este discurso se fue fragmentando infinitamente. Entonces el Estado fue creando ventanillas de atención, como suele decirse, para estas diversas demandas ciudadanas que fueron tematizadas como demandas de clientes hacia el Estado. Ahí es donde el desembarque de la teoría de la Nueva Gerencia Pública (New Public Management), que llega a América Latina de la mano del Consenso de Washington, consecuencia y continuidad de lo que Diego (Raus) señalaba acerca de lo acontecido en la década del setenta, introduce esta idea de que la mejor manera de organizar el Estado es organizarlo en torno de la nueva gerencia que se había utilizado en las corporaciones de servicios en particular –tras el fin del modelo fordista- trasladado a la lógica de las políticas públicas.
En este marco el Estado se redefine en relación con la sociedad. Al abandonar esta discusión, al darse este divorcio entre esta responsabilidad del Estado de intervenir y regular a la sociedad –en algún sentido el Estado crea a la sociedad, nos impone leyes que articulan nuestra vida personal (uno se casa ante el Estado, inscribe a sus hijos ante el Estado, manda a los hijos al colegio bajo la obligación del Estado), el Estado interviene en la vida cotidiana -, el Estado comienza a retirarse de este énfasis en moldear a la sociedad, tratando de garantizar, como fue el modelo “imperfecto” del Estado de Bienestar en Argentina, algunos niveles de igualdad - criterios de justicia social- y no de equidad como reemplazó después la Teoría de la Nueva Gerencia Pública.
Cuando se desarma el andamio que sostenía este modelo de Estado, para el cual la hiperinflación de 1989 fue clave –si durante los ochenta la amenaza de golpe daba un margen de legitimidad a los gobiernos, para el gobierno de los noventa, para Menem, era el fantasma de la hiperinflación: si no privatizamos, si no flexibilizamos, si no reformamos, vuelve la hiperinflación de 1989, que fue una catástrofe social como no habíamos conocido nunca.
Para ese modelo de Estado el rol que va cumplir la sociedad va a ser marginal. La Sociedad Civil es concebida ya no en la categoría de un sujeto activo estructurado en torno a un cuerpo ideológico como podía ser la idea de pueblo o la idea de los trabajadores; la Sociedad Civil entendida en este último sentido no va a cumplir una función esencial en la construcción del Estado. Esto esta bastante claro de la mano de un hecho objetivo: el desempleo. El desempleo desestructura la identidad del trabajador que había sido en Argentina una identidad muy importante para constituir la sociedad, y de ahí la idea de pueblo también.
Ya que estamos citando a la célebre ex primer ministro, Thathcer, hay otra frase muy interesante de ella respecto al rol que va a jugar la sociedad en el proceso de reforma. Thatcher va a decir hacía 1980 o 1981: “la sociedad no existe, existen individuos y a lo sumo la familia”, pero la sociedad, es decir, un cuerpo social que se debe solidaridades mutuas, no existe. La idea de Thatcher es decir que el Estado no tiene ninguna obligación con la sociedad y cada individuo no tiene ninguna obligación con el resto, y si la tiene a lo sumo la tiene con su familia. Pero no hay ninguna obligación solidaria, de corresponsabilidad con el resto. La idea de jubilación de capitalización reemplazando al sistema solidario impulsaba esta idea. Para que yo voy a poner a un pozo común, si yo puedo ahorrar por mi cuenta, capitalizar mis ahorros y tener una jubilación maravillosa y bailar como dice la propaganda. Romper la idea de solidaridad intergeneneracional. Lo cual también es mentira porque el sistema de capitalización requiere de la solidaridad de un sistema económico para capitalizar bien, si no preguntenlen a la gente que aporta al sistema privado y lo que perdió con la devaluación.
Yendo al caso concreto de lo que fue en Argentina este modelo, ¿cuál fue durante los noventa la idea de Sociedad Civil? ¿cuál era la buena Sociedad Civil?. La buena Sociedad Civil era la que se dedicaba básicamente a dos temas: 1) asistencia a los pobres, a los que quedaban afuera del sistema; planteados en aquel momento como pobres en tránsito, porque el “efecto derrame” en algún momento iba a llegar y esas personas que sumaban alrededor de cinco o seis millones ya en la segunda mitad de la década del noventa, cuando el mercado dinamizara lo suficiente iban a volver a reingresar al sistema –lo cual se sabía que no era cierto. Entonces, mientras estaban estas personas en esta situación la Sociedad Civil debía desplegar un conjunto de acciones de contención social, de asistencia directa, de entrega de alimentos, multiplicar comedores, políticas focalizadas para responder a demandas, a consecuencias y no a causas a través de las ONG que conocemos en la Argentina, que son básicamente las que aparecen en televisión. Las ONG no tematizan un conflicto social; la idea era que estas organizaciones aguaran el conflicto social. Detrás de esas personas que no tenían alimentación no había nada, había gente que no tenía comida y punto. Yo me acuerdo una campaña que había hecho Subterráneos de Buenos Aires: aparecía un afiche y decía “detrás de cada chico que pide hay un adulto que lo explota” y abajo estaba el nombre de una ONG. A mi me llamaba la atención porque yo conocía la ONG y me causaba curiosidad que se haya prendido a una campaña de ese tono. Después me enteré que en realidad el afiche que habían pactado Subterráneos con la ONG era “detrás de cada niño que pide hay un adulto desocupado”. Pero a Subterráneos eso le parecía que tematizaba un conflicto que era decir que había un desocupado. Entonces decidieron largar “adulto que lo explota”. La ONG después se retiró cuando vio los afiches. La idea era no presentar un conflicto social, hay gente que se muere de hambre pero por un problema técnico. Por eso hay que mejorar las políticas públicas. 2) el segundo rol que debía cumplir la Sociedad Civil –que debe cumplir todavía si ustedes leen el diario “grande que es muy incomodo de leer”[1], el cual sigue tematizando la misma línea- era controlar. La Sociedad Civil es asistencia y control. Y esto es bien claramente una traslación directa del modelo sajón de Sociedad Civil, de un modelo económico inclusivo, con toda la gente incluida y, entonces, gente con tiempo para sentarse y ser fiscal de los asuntos públicos. Por eso acá la temática va a ser la de la transparencia. Es bastante gracioso que en pleno desguace del Estado aparezca el tema de la corrupción. La corrupción, no hace falta decir que en Argentina era un problema –así como en otras partes del mundo -, era también un factor de fundamentación para alentar la reforma del Estado. Y ahí vemos otra lista de organizaciones del elenco estable que aparecían y aparecen en los medios de comunicación, tampoco sin tematizar en exceso el conflicto, que dicen: “ acá el problema es que la mayor parte de los políticos son corruptos y la Sociedad Civil que es transparente, pura y honesta, debe anular a esos corruptos que están gobernando”. Ese es el conflicto, no hay mucho más. No hay una tematización económica o política en términos más profundos del conflicto.
A eso se remitía el rol de la Sociedad Civil. Una estructura meramente marginal. ¿Y por qué no meterse, por qué el neoliberalismo no plantea que la Sociedad Civil debía meterse en la formulación de las políticas? Porque eso es tarea de los tecnócratas. Lo que la Sociedad Civil debe hacer es apoyar todo lo que sea limitar la acción del Estado. Limitar la acción de los políticos. Pero no el sentido en el que se podía plantear democráticamente en los sesenta o en los setenta –como un pueblo que exige que sus representantes rindan cuentas frente a lo que hacían, que sean representantes de estas demandas del pueblo. Uno dice: “tienen razón, controlar a los políticos para que no sean corruptos es algo que yo apoyo”, pero el mensaje, la sustancia de lo que se propone en la década del noventa es que se limite la acción de los poderes representativos y que se libere a los tecnócratas. En el mismo momento en que se plantea esto, en el final del gobierno de Menem y comienzos del de la Alianza, van a plantear la imposibilidad de recurrir a la justicia frente a la presidencia del Directorio del Banco Central en la reestructuración de Bancos. Que tuvieran inmunidad judicial todo el Directorio del Banco Central para la transformación del sistema bancario, al mismo tiempo que se exigía un conjunto de cosas al poder ejecutivo y al poder legislativo. Un poder que no tiene control representativo, no votamos a los directores del Banco Central, se le exigía inmunidad judicial.
Ese, me parece, es el marco de los noventa hasta el 2001. La Alianza no hace cambios sustantivos en este sentido, en comprender cuál es el rol de la Sociedad Civil y cuál es la posibilidad de injerencia del Estado, que debe seguir en manos de los técnicos. Lo que explota en el 2001, y uno podría decir que viene del “Santiagazo” en 1993 y en los piquetes de 1996 en Neuquén, es que esos dos roles asignados a la Sociedad Civil estaban ocultando el verdadero conflicto social que estaba emergiendo, que era un conflicto de tipo político y económico. Esas dos vías que se le daba a la Sociedad Civil para participar era negarle efectivamente lo que la sociedad estaba demandando. Creo que es bastante claro, la expresión de 2001 rechaza creer que el problema de la Argentina es un problema de corrupción o de problemas técnicos o de no confianza hacia los inversores. Entre muchas cosas me parece que eso emerge claramente con voces muy disímiles en el 2001, no es que hay una sola voz, hay voces muy distintas. Pero me parece que esa es una demanda concreta.
Y eso fuerza un cambio de escenario. La discusión que se va a dar a partir de 2001 y que se está dando hoy ya no es, y me parece que no tuvo mucho que ver el Estado para cambiar esto, no va a ser hasta donde achicamos el Estado o si es necesario tener Estado más allá de la policía, si no en donde debe regular el Estado, hasta donde debe intervenir el Estado en el desarrollo de la economía. El clima de discusión es otro. Si la discusión se orienta y termina en un modelo de desarrollo, inclusivo, es parte de esto. El eje del debate se desplazó. El Estado hoy puede tener acciones afirmativas y explícitas de intervención sin que sea tomado por la opinión pública, por eso que son básicamente los medios de comunicación, como un acto autoritario, o es planteado pero es difícil de sostener. La renegociación de la deuda tal como planteaba Diego (Raus) es posible porque hay un cambio de escenario, porque cambia el escenario de la discusión, y hay fuerzas sociales que acompañan ese cambio de discusión. Plantear la posibilidad de recuperar una empresa estatal de energía es porque hay un cambio de discusión. Que la Sociedad Civil demande, grupos sociales diferentes desde los piqueteros hasta infinidad de grupos sociales de base o algunos partidos políticos, “giros” o leyes en algún sentido es porque hay un cambio de escenario. Lo cual no quiere decir que hemos recuperado la discusión sobre el rol del Estado o la discusión sobre la Teoría del Estado. Esta casa de estudios (Facultad de Ciencias Sociales) tiene grandes falencias en ese sentido. Yo miro la currícula de algunos grandes amigos con los que hicimos la carrera, pero todavía ellos siguen planteando que el problema es meramente institucional, un problema de la transparencia de las instituciones. Esta es una discusión anclada en el tiempo. La cuestión no es plantear “volvamos a ser el pueblo” porque eso no va a suceder de la noche a la mañana, la sociedad no es tan drástica que uno la transforma como se le ocurre, si no de acuerdo a la sociedad que tenemos hoy, de que manera estas expresiones sociales, que representan demandas concretas, pueden plasmarse en políticas públicas, pero también en una redefinición del Estado, que tal vez hoy implique cosas distintas que hace cincuenta años, que implique definirnos ante la cuestión regional. Me parece bien que haya venido alguien a hablar sobre la cuestión regional[2]. ¿Qué tipo de integración queremos?. A fin de año está la cumbre de Mar del Plata[3]. Esos son temas sobre los cuales el rol que adquiere el Estado es clave.
El 2001 redefinió el rol de la Sociedad Civil pero nos falta todavía, se ha abierto la puerta en todo caso –para plantearlo de otro modo -, pensar en que líneas podemos reconstruir el Estado y qué demandas y que actores son los que forman parte de esa reconstrucción.

Norberto Ivancich: Yo voy a encarar la temática más desde el lado de la coyuntura, pero con alguna relación con los temas que expresaron tanto Sergio (De Piero) como Diego (Raus). A mí me interesa retomar la situación en la que aparece la coyuntura electoral de 2003 y después lo voy a relacionar con el tema de Estado y Sociedad Civil.
Las elecciones de 2003 pueden llegar a expresar dos elementos relevantes. El primero tiene que ver con la existencia de un telón de fondo muy fuerte que se relaciona con la crisis de 2001 y el fuerte cuestionamiento que surge en la misma de lo que es la política, los partidos y su sistema de representación y por lo tanto el Estado como una unidad que está directamente imbricada. Esto era un componente clave, era un escenario, pero no era un escenario como telón sino uno que actuaba y se iba imponiendo sobre los actores que van a participar en ese proceso. Esto sería como uno de los grandes elementos que tenían que ver con las elecciones de 2003. El otro elemento que tiene que ver con esa crisis y con la ruptura o la casi desaparición del debate político-ideológico en el seno de las fuerzas políticas, producto también del crecimiento de la apatía electoral en todo lo que puede definirse como rutinización democrática y, quizás de manera más fuerte, la existencia de un doble discurso que caracterizaba el accionar de los políticos donde se decía o se constituían determinado tipo de valores que pensaban llevar a cabo y donde después la realidad, como elemento genérico, se imponía sobre esos discursos y hacía que estos se desviaran. Pero el esfuerzo de los políticos siempre tendía a tratar de decir “realmente estoy haciendo lo que digo o lo que dije”. Trataba de justificarse ese elemento. Tomo dos ejemplos nada más: 1) la capitulación que tuvo el radicalismo, a pesar del enjuiciamiento a las juntas militares, con respecto a los derechos humanos. El radicalismo a pesar de que iba retrocediendo ante la consolidación de un imaginario que llevó a sobredimensionar el poder de los militares - era muy difícil no sobredimensionarlo por el protagonismo que existió años antes- que expresó en parte este doble discurso, como un área determinada que demuestra como fue perdiendo parte de los componentes del frente de hecho que constituye el radicalismo en 1983. 2) El otro ejemplo yo lo relacionaría con la “teoría del derrame” y la lógica de Menem de decir “vamos bien” a pesar de que todos los índices señalaban el proceso de cierre de las actividades productivas, destrucción de las economías regionales, incremento de la pobreza, de la desigualdad y la desintegración. El discurso trataba de mantenerse, “revolución productiva” y “salariazo”, a pesar de que los signos e indicadores demostraban otra cosa. Ese doble discurso actúa también sobre la contienda del 2003.
En el 2003 uno podría llegar a decir que los políticos se dividían en dos grandes grupos más allá del alineamiento o no con los partidos políticos tradicionales. Había aquellos políticos que consideraban el 2001 una explosión casi espontánea de sectores muy distintos y diversos en los que estaba fragmentado el país, que va desde lo social hasta lo cultural y lo ideológico, que necesariamente la normalidad de los procesos políticos iba a llevar a que fueran más irrelevantes en su capacidad de influir sobre la conducta de los que llevaban a cabo la propuesta política. El otro sector de los políticos daba cuenta de la crisis, veían que había fundamentalmente una crisis de credibilidad y se planteaban la construcción del discurso para la campaña electoral tratando de relacionar esa crisis de credibilidad, esa existencia nociva del doble discurso para todo lo que era el sistema político y el sistema de representación, y por lo tanto venturaban una serie de afirmaciones que indicaban la necesidad de un cambio o invertir rápidamente el sentido que había continuado desde la política de reforma que acá se plantearon de Menem y que la Alianza, a pesar de que había tenido un mandato claro en las urnas de rectificarlo, más que hacerlo había acentuado y lo había ido acompañando. Tomando lo Alianza también como un tercer ejemplo de doble discurso donde la reparación con la que venía a corregir los desvíos de Menem termina siendo en las políticas concretas continuidad. Sacando a los candidatos de la izquierda más neta y más nítida, que tienen poco caudal electoral, quiénes podrían representar esta última visión eran Kirchner, por un lado, y Carrió, por el otro, con diferencias notorias entre los dos. Y el resto de los candidatos expresaban de hecho la postura tradicional. Uno puede llegar a decir incluso que dentro de la alianza política que lleva a Kirchner a la presidencia también hay un sector que participa más de la lógica del primer grupo de políticos que del segundo pero que de hecho la conducción de la campaña la establece el candidato y no la establecen las alianzas que lo constituyen.
Por lo tanto encontramos que en el 2003 se llega a una situación realmente paradójica. Porque uno podría llegar a decir: ¿tiene sentido contar los votos de las tres candidaturas peronistas y decir que el peronismo llega a alrededor del 60% de los votos? ¿tiene sentido decir que el radicalismo con sus distintas líneas se expresaron en las tres candidaturas de origen radical[4]? No, no tiene sentido. Sería más interesante cruzar lo que significaba los votos de Menem, López Murphy y Rodríguez Sáa confrontándolos con los votos que llegan a sacar la candidatura de Kirchner y la de Carrió. ¿Esto qué quiere decir? Que expresaban voluntades distintas del electorado pero también que los envases de donde surgían eran importantes para ver como podían llegar a encarar o no la revitalización de una nueva actitud o lógica de invertir fuertemente el sentido de lo que venían desarrollando los gobiernos desde 1989 en adelante.
Visto esto me interesa señalar lo complejo de la situación a la que se accedía. Si sumamos el 22% de Kirchner al 14% de Carrió estamos todavía en un porcentaje muy pequeño de lo que podía llegar a ser la intención de cambio más profundo que podía aparecer en la política argentina de ese momento. En el otro espacio, uno puede encontrar en el electorado de Rodríguez Sáa una mezcla de ortodoxia peronista con aventurerismo, y, en este sentido, podía encontrarse una parte que creía en el cambio. Pero el hecho ese me parece que demostraba otra vez una Argentina dual, pero una Argentina dual con representaciones no confluyentes sino que se fragmentaban al interior de cada uno de los polos.
Esta es la situación a la que se llega al 25 de mayo de 2003[5]. Acá me parece que aparece un primer problema: las carencias de la política que fueron siendo horadadas por lo que dijeron los que me precedieron. De alguna forma Diego (Raus) habla del proceso militar y yo diría que el proceso de decadencia de la política puede nacer en 1975 con el gobierno de Isabel Perón y todo el proceso que significó el “Rodrigazo” y que expresó de alguna manera una línea que se fue desplazando a lo largo de los sucesivos gobiernos, siendo asumidos como principios rectores de su accionar o siendo sobredimensionados o siendo límites de una pretensión de cambio.
En este marco uno puede llegar a decir que lo que realmente se estaba expresando era una tendencia a la despolitización y una tendencia al predominio de la explicación económica por sobre la explicación política. Y eso llevaba a que de hecho el gobierno de Menem y después la lógica que tuvo el gobierno de la Alianza fundamentalmente plantearía un predominio de la explicación económica sobre cualquier otra explicación, y por lo tanto reducir el propio margen de la política a partir de tratar de superar, dentro de una lógica que se había impuesto desde 1975, los problemas que existían en el país. Esto constituía un marco restringido y bastante autolimitado de la dirigencia política para salir de ese círculo vicioso.
Lo que aparece, por lo tanto, en la puja entre la visión política y la visión económica creo que se refleja en las medidas que comienza a tomar el gobierno a partir del 25 de Mayo de 2003. En este sentido el gobierno provisional de Duhalde tuvo una endeblez propia de origen, un presidente electo por una asamblea legislativa, un presidente, además, condicionado por la liga de gobernadores que aparece como un instrumento clave hoy para entender los procesos de fortalecimiento o no de la figura presidencial, y un gobierno anterior que también había licuado gran parte de su triunfo electoral del año 1999 en menos de dos años. Autoridad política y necesidad de reconstruir la autoridad política creo que expresa los gestos con los que comienza Kirchner a establecer un intento de recuperar y legitimar nuevamente la política; y si uno se propone legitimar la política, tratar de persuadir de que se abandona el doble discurso y que se pretende establecer una relación más unívoca entre el hacer y el decir y, sobre todo, el hecho de considerar que no solo basta la legitimidad de origen como había sido en 1989 y en 1999 sino que es fundamental plantearse la legitimidad de ejercicio que es el mecanismo como incrementar o aumentar el nivel de adhesiones que surjan de la ciudadanía. Si tomamos ese elemento de la autoridad política y lo vinculo a esta cuestión, significa que se fortalecen instituciones; básicamente se fortalecen los partidos políticos, no porque recuperen un papel histórico que tuvieron –eso sería necio, de hecho hay una clara crisis de la representación en los partidos políticos, hay una clara redefinición de la militancia política en nuestros días, hay una clara confusión de roles donde la lógica del accionar política tiende a ser explicada desde la visión del operador en contraposición a la lógica del militante y que eso no solamente pasa por una perversión de los políticos sino también porque el sistema de representación se hace más confuso, más difuso y las pertenencias tampoco son demasiado claras. En este marco recuperar la política es recuperar la vocación de que los canales de definición política no sean alternativas no partidarias sino que el envase necesario para llegar a la concreción de construcción de legitimidad sean nuevamente los partidos políticos, aunque estos mismos, como se prefigura en la elección de este año, establezcan alianzas insólitas. Si uno toma el caso de Corrientes o el caso de Neuquén o lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, expresarían como una dispersión muy peculiar del sistema de alianzas. Los partidos todavía no son identidades pero por lo menos se los ha reconocido como el espacio a partir del cual se dirimen las pujas y los intereses sectoriales, ideológicos y culturales propios de cualquier sociedad.
Pero lo que importa de la recuperación de la política por sobre la economía –donde el hecho de que los debates sobre la economía apuntaron al fortalecimiento de la política desde mayo de 2003 en adelante, donde se vieron que decisiones que eran económicas en definitiva promovían un crecimiento de la autoridad política- es que todo este proceso fortalece al Estado, porque el desprestigio de la política y de los partidos también había llevado a un desprestigio del Estado. Hoy, por lo menos y más allá de los problemas de los partidos que no necesariamente se han adecuado a las nuevas circunstancias y que siguen fraccionados en una lógica que no necesariamente tiene sentido hablar ahora, hay una manera de visualizar un Estado distinto, un Estado que asume funciones que había delegado en un aspecto, pero que también, se puede decir, que había fortalecido una articulación con un interés que no provenía de la legitimidad política sino de una económica-social. Es decir: el establishment tiene más capacidad de utilizar el Estado para sus intereses que los sectores populares o la voluntad popular nacional, más dispersa, más fragmentada, más debilitada en sus capacidades organizativas. Por lo tanto el Estado no tanto fue ausente en un determinado período, sino que fue el instrumento presente de intereses que simplemente se amoldaban a un predominio que ya existía en la sociedad. El Estado no cubría su rol de regulador de las funciones y de la redistribución del ingreso, sino que se convertía en un instrumento que consolidaba un poder ya preexistente en la sociedad.
En este marco recuperar la autoridad política es recuperar la política, los partidos políticos y, en definitiva, es recuperar el Estado. ¿Qué pasa con esta recuperación del Estado? No se hace de una manera sistemática o producto de un marco teórico que se aplica. Si hoy tomamos además el caso latinoamericano este proceso de redefinición del papel del Estado, para qué existe el Estado y cómo se legitima el Estado, necesariamente lleva a la reflexión de que tanto en Uruguay como en Chile, en Brasil o en Venezuela, los procesos de redefinición no se hacen desde posturas preestablecidas sino que el cambio político aparece como un signo fuerte en los gobiernos o partidos que acceden al poder, y que a partir de ahí tratan todos ellos de demostrar esta inversión de sentido que también caracteriza al gobierno argentino, en el sentido de abandonar las pautas que habían seguido hasta ese momento el o los partidos o el sistema de partidos –como en el caso venezolano o el bipartidismo blanco-colorado del Uruguay.
Hoy no se puede decir que la discusión este en el campo teórico fundamentalmente sino que la discusión sobre el papel del Estado aparece sobre todo desde el campo de los políticos y desde el campo de las nuevas visiones de articulación entre economía y política, y entre lo que sería la Sociedad Civil y el Estado en los países que he mencionado.
¿Qué pasa con los organismos que fueron correa de transmisión de las políticas del noventa? Hay que recordar que este elemento, que señalaron Diego (Raus) y sobre todo Sergio (De Piero) cuando planteó el tema de las ONG y las características limitadas que asumía esta supuesta representación de la Sociedad Civil, subraya que estas políticas de transparencia, control y asistencia a los pobres básicamente es una política que desplegaron los organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no era una lógica desvinculada de lo que pueden ser la representación de los países del norte. Esta política fue promovida, difundida, presionados incluso los gobiernos, porque el problema que aparecía no eran las medidas o las políticas sustantivas que llevaban los gobiernos previos a los que he mencionado, sino que se suponía que las desviaciones eran las causales de la conflictividad. La desviación, manifestada básicamente en la corrupción y en lo que podía llegar a ser el corporativismo de los políticos. Por lo tanto se rechazaba la política; la política en definitiva era un antro que pretendía reproducirse a sí mismo de manera eterna y se preocupaba muy poco de las cuestiones de los pobres o de las cuestiones de los sectores que realmente trabajaban, idealizando por lo tanto la actividad privada y, en consecuencia, eran necesarios estos instrumentos para mejorar las políticas que en definitiva eran sustantivas. Hoy los Estados que he mencionado de América Latina señalan sus diferencias en la visión del Estado por las políticas sustantivas, más allá de que tienen diferencias entre ellos y más allá que también plantean determinado tipo de acercamiento con instancias u organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional.
Esto plantea un tema que creo que es parte de los debates actuales. La cuestión no es contraponer el modelo de los noventa a la no negociación –como diciendo lo malo era este “papel secante” en que se había convertido el Estado, que solamente recibía los fluidos de los sectores más poderosos de la sociedad, sino que ahora lo que hay que hacer es directamente “confrontar con”. Lo que aparece, en este mundo que tiende a generar una interdependencia muy particular, es acentuar la autonomía en la negociación; el esquema no es negar la negociación, con el Fondo (Monetario Internacional) o con distintos organismos, sino cómo se negocia con los mismos, desde qué lugar se negocia y desde qué lugar se mantiene este componente que podríamos definir como una autoridad que no es vulnerada por la existencia de los poderosos.
En este marco uno puede llegar a observar como en este tipo de organismos, tanto los organismos de crédito como el FMI –este con mucho más nivel de resistencia porque tiene que convalidar o justificar lo que fueron las políticas de ajuste propias del Consenso de Washington -, uno diría que hay retrocesos en los organismos de crédito que se los plantea desde una determinada voluntad política y no se acepta lo que puede ser esta idea de premiar a la actividad privada pensando que esta es sacrosanta, pura y en definitiva el sector más pujante de la sociedad. En este marco acá hay un elemento que lleva a pensar claramente de que se puede mantener determinado tipo de relaciones, si las mismas tienen un determinado nivel de autonomía y desde ese nivel de autonomía se discute y se termina acordando con algunos aspectos de estos sectores que tienen que ver con el aporte financiero o con cualquier otro tipo de medida que puede ser utilizada por los distintos gobiernos. Esto como un primer aspecto.
El segundo aspecto que me interesa señalar es hasta que punto la idea de gobernabilidad se tiene que modificar en términos de lo que fueron los ochenta. Como muy bien lo planteó Sergio (De Piero) en cuanto a la idea del “fantasma militar”, los ochenta acentuaron toda la lógica de la transición democrática en la contraposición democracia-autoritarismo, o sea que el eje de 1983 se trasladó a los estudios de las ciencias sociales e imperó también como una lógica que fue orgánica a esta sobrevaluación del peso militar, con bastante justificación –pensemos en los levantamientos “carapintadas” que alimentaron esta tendencia a la debilidad del sector político -, en lo que podía llegar a ser la interrupción del período democrático. En los noventa la gobernabilidad básicamente se planteó como control del conflicto. ¿Hoy qué tenemos que plantear en términos de gobernabilidad? En este sentido aparece un debate que me parece que recién se inicia, pero que no necesariamente es nuevo sino que más bien hay que vincularlo a la tradición político-cultural de nuestro país, que es el de pensar la gobernabilidad como una tendencia a desplegar poder y delegar poder en la Sociedad Civil. En este aspecto un gobierno popular se tiene que caracterizar básicamente por la peculiaridad que tenga de ir estableciendo derechos, un sistema de garantías y por lo tanto delegar poderes a los distintos organismos de la Sociedad Civil. Esto no es nuevo en la Argentina porque justamente el peronismo se caracterizó por esta peculiaridad. ¿Por qué el peronismo no fue un mero proceso de un dictador peculiar latinoamericano como pudo haber sido Trujillo o Pérez Jiménez? ¿Por qué tuvo esta pervivencia? Porque justamente generó esta política de derechos, que es un elemento que aporta a la conciencia y la identidad de los sectores sociales, planteó garantías y además desplegó organización. Después está todo el debate, que es atendible, sobre si hay autonomía o no-autonomía dentro de esa organización, si la autonomía es ideológica o no, si es organizativa o no, pero lo que importa es que generó organización. Entonces en este marco hoy pensar la gobernabilidad es pensarla desde esta nueva visión que tiene que ver con la idea de recuperar tradiciones. Que obviamente estamos ante un país distinto, no es el mismo país del cuarenta donde las identidades son nítidas, los límites entre los sectores son claros, y hay todo un eje de la sociedad alrededor de la producción, más allá de que haya índices de desempleo o no. Había un norte, un futuro establecido, y por lo tanto había mayor posibilidad de establecer estas identidades dentro de la sociedad. Hoy la gobernabilidad encuentra identidades difusas, pertenencias múltiples, determinada segmentación de la sociedad y, además, con una parte de la sociedad bastante relevante que está fuera del eje organizativo de la producción. Por lo tanto aparece como una complejidad mucho mayor.
En este sentido me parece interesante reflexionar que la relación entre Estado y Sociedad a partir del eje de la gobernabilidad establece mínimamente una agenda que va ser necesario discutir. Acá aparecen dos concepciones, una concepción mucho más pragmática y vinculada al poder que se expresaría sobre todo en esa capacidad del peronismo que tiene de resignificarse y reproducirse de manera diversa –que es al mismo tiempo un beneficio y un terrible lastre- y que expresaría la lógica que significa tratar de representar fuerzas sociales –concepto que parece anacrónico casi en nuestros días -, la posibilidad de que las fuerzas políticas tiendan, a pesar de que esto es mucho más complejo que en la década del cuarenta y del cincuenta, a representar sectores sociales; y si no alcanza la estructura política a representar esos sectores, promover la organización de los mismos para que puedan tener derechos, garantías y a su vez organización. Y la otra lógica, y aquí aparece la diferencia cultural entre los dos proyectos que podían asumir y percibir que había que responder a la crisis, es la de la “república”, en contraposición a la lógica de la representación de fuerzas sociales. Yo últimamente empiezo a sospechar cuando aparece un discurso republicano, y hay un momento determinado en las páginas de opinión que tiene el diario Clarín en donde uno veía la coincidencia de la lógica republicana en muchos profesores de esta facultad, en determinados partidos políticos que ya conocemos que tienen este elemento en su definición, y acá me parece que hay otro debate tradicional de la política argentina. La lógica republicana presupone que el establecimiento de la norma, el establecimiento del pacto moral, serviría para reordenar la sociedad. Es una concepción absolutamente idealista en este sentido y plantea una visión que no creo que sea ingenua porque la lógica republicana en definitiva, en esta exaltación de la norma, se vincula también, y por eso hay también partidos de derecha que toman este adjetivo –por ejemplo, el partido de Bussi en Tucumán, o el de Cavallo -, es que en definitiva lo que impera es la idea de orden. Es la idea de que la norma va a tener una capacidad de ordenar y no la política. Entonces es un mismo proceso de despolitización que necesariamente puede vincularse a la apatía, a la idea de que la política pierda poder y por lo tanto los partidos y el Estado. Lo que queda claro cuando el Estado intenta ser independiente o autónomo de los sectores que ya tienen poder dentro de la sociedad solamente se puede recuperar esa autonomía desde un campo, desde la política. Los sectores populares no tienen otra campo para recuperar ese espacio. Por lo tanto la concepción republicana es idealista en un gran sentido, un idealismo que puede ocultar e impedir ver que representa intereses y, por el otro lado, que termina en un orden.
La idea o la lógica de representar a las fuerzas sociales me parece que tiene mérito fundamental reconocer la conflictividad permanente de la sociedad. Y más una sociedad que tiene una deuda interna enorme y que se tiene que plantear como horizonte la inclusión de un 47% de sectores que tienen actividad en negro, o que viven en la pobreza o que son indigentes. La tarea, al fortalecer la política, necesariamente va a llevar a fortalecer el Estado. Este es otro elemento que me parece relevante para establecer un puente entre el tema de la sociedad y el Estado.
El último elemento que uno puede llegar a señalar es que todos estos factores que mencioné vinculados a la cuestión de que hoy la “reforma del Estado” se hace porque se modifican las políticas sustantivas, no porque hay una teoría previa, no hay un dogma que se instala sino que hay un Estado que tiene necesidad de la política, de recuperar credibilidad, y creo que eso se está extendiendo y para mí es muy claro –diferenciaría a Chile básicamente y Brasil de esta situación de los casos de Venezuela, Uruguay y Argentina donde claramente es un Estado de necesidad de la política, de recuperar credibilidad.
¿Cómo se puede instalar el debate sobre lo que puede llegar a ser la reconstrucción del Estado o el sentido que tiene que tener el Estado, abandonando los principios rectores que se difundieron a partir de la década del noventa? Y un eje que puede darle racionalidad al debate político para discutir la característica del Estado es el del bien público. Definir un debate que establezca, y que a partir de ahí se produzcan los alineamientos que la política necesariamente lleva, que son los bienes públicos y hasta que punto estos no son producto de una receta que señala que el Estado no se tiene que involucrar con la regulación o no se tiene que vincular con la redistribución del ingreso, sino las políticas que garantizan a una sociedad inclusiva, a una sociedad que tienda a redistribuir el ingreso de manera positiva y por lo tanto a reconocer la heterogeneidad social, pero sabiendo que la política tiene que fundamentalmente nivelar o llevar a una reivindicación de justicia social, pueda partir de un debate de que son “bienes públicos” y que no son “bienes públicos”, que pueden ser privatizados. En este marco me parece que ahí puede haber una “punta” para comenzar a desarrollar esta cuestión. Lo lamentable es que Fukuyama ya ha publicado un libro sobre bienes públicos, por lo tanto este debate también puede ser ganado desde la lógica que uno pretende erradicar. Pero yo creo que este debate sobre la identificación de los bienes públicos, que estos bienes públicos se redefinen según las circunstancias histórico-sociales de cada Estado, son los elementos que pueden llevar a abandonar lo que un poco caracterizó a la política de la Alianza: pensar una modernización del Estado desde la lógica del continuismo de la política y de la lógica del continuismo de los instrumentos de esa política para hacer un Estado más amigable. Y ese es el factor que no alcanzaba, no es necesario construir un Estado más amigable sino en todo caso construir este Estado con autoridad y que recupere este sentido de bien común, es decir, tratar de ponerse por fuera de la excesiva influencia e infiltración del poder que ya existe en la sociedad.

Pregunta: El gobierno no solamente tiene que luchar por recuperar la discusión de lo público sino también como recuperar la legitimidad que no tuvo en las elecciones de mayo de 2003. ¿Qué está haciendo el gobierno para recuperar esa legitimidad?

Norberto Ivancich: Lo paradójico de este país es que esto se tiene que dar en un gobierno que solamente alcanzó un 22% de los votos y con una crisis que fue devastadora en términos de repercusión social. Uno puede decir que la paradoja es cómo desplegar y delegar poder en la sociedad al mismo tiempo de reconstruir legitimidad política. Las circunstancias no son las más propicias; no es un gobierno que, de haberse realizado el ballotage, hubiese llegado con un caudal electoral determinado. No descarto que el resultado de octubre va a recuperar el caudal electoral que tuvo, por ejemplo, el radicalismo de 1985 o el peronismo travestido de menemismo en 1991. Además cabe considerar que la oposición está totalmente desarticulada. Hay evidentemente un proceso de reconstrucción de un piso de un 40%. Eso va a servir como para apuntalar….y después están los dos años finales. Me parece que lo importante no es ver tanto el problema del gobierno sino ir introduciendo este tema. Y una experiencia de esto, que tiene que ver con la tradición pero que no se tiene que agotar en la tradición, es la convocatoria a negociaciones paritarias. Esa convocatoria recupera un protagonismo que estaba muy opacado, que había sido desplazado por la conflictividad de los sectores paradójicamente desocupados y al mismo tiempo financiados por los planes “Jefas y Jefes”, financiados por el propio proyecto de evitar la desintegración. En ese marco hoy cobra protagonismo un sector que había sido muy descalificado, que puede seguir siendo descalificado en lo político, pero que aparece hoy encabezando la redistribución del ingreso, que quizá si genera un proceso inflacionario no va ser lo necesario como para invertir esta injusta redistribución que tiene la Argentina y que aún se mantiene en este gobierno; porque no es una cuestión que se modifica desde la mera voluntad. Pero yo creo que eso es un signo de que se delega un poder presionando a una actividad que los empresarios no estaban acostumbrados. Pensemos que los convenios colectivos con un proceso tan importante no se hacían desde 1975, desde el gobierno de Isabel Perón. Hoy tomando los gremios estatales y el gremio de sanidad, se puede decir que si se resuelven estos dos temas, casi todo el sector de empleo blanco –que no es el total- va a llegar a un proceso de negociación colectiva que va a ser significativo. Eso también es una manera de delegar y de limitar el poder del sector privado dentro de la economía.

Pregunta: Yo quería hacer un comentario articulando lo que más o menos hablaron los tres en cuanto al tema de la legitimidad. Si una legitimidad de este tipo se puede dar en las elecciones de octubre, si corriera el peligro de que no se diera un debate a gran escala, si, supongamos, tenemos una legitimidad “única” de signo, posición o sin voces alternativas que se puedan conjugar en el debate, si se perdiera a la vez la posibilidad de que el Estado pueda realizar una verdadera representación de la Sociedad Civil. Más bien sería una definición y una determinación de la Sociedad Civil pensada directamente desde el Estado.
Diego Raus: Por un lado legitimidad política de un sistema representativo quiere decir un gobierno que tiene mayoría de apoyo a través de los votos; implica la Sociedad Civil, porque es esa Sociedad Civil en sus múltiples expresiones la que va dar o no legitimidad política. Es decir, en esa nueva legitimidad política, fortalecida o refortalecida, están expresadas demandas de la Sociedad Civil. Eso por un lado, por otro no hay que olvidar que la legitimidad que un gobierno gana implica más obligaciones. La legitimidad que un gobierno gana a partir de un acto electoral donde encima hace este esfuerzo tan extraordinario para legitimarse el esfuerzo que perdió, no por el 22% de los votos sino por el retiro del otro candidato y la posibilidad del ballotage. Ese ballotage hubiera dado la suficiente legitimidad. Hay que recuperarla ahora. Pero de recuperarse esa legitimidad no se transforma en unidireccional, una sola visión, una sola política. Por el contrario, genera el doble de obligaciones para los que te votaron y para los que no te votaron. Entonces es una legitimidad que de alguna manera está expresando una rearticulación, porque seguramente esa legitimidad sería una mayoría de votos que vendrían de muchos de esos sectores de la Sociedad Civil que son los que en este momento más están movilizándose y buscando un proceso de inclusión. Y por el lado del Estado y del gobierno implicaría duplicar las obligaciones. Implicaría atender no solo a los que te votaron y porque te votaron sino también lo que queda en el abanico restante. Un gobierno legítimo tiene más obligaciones que un gobierno ilegítimo.

Pregunta: Sin duda, pero puede ser una legitimidad “excesiva”…Pensando en la coyuntura actual en donde no hay una oposición articulada, se puede encontrar algún tipo de oposición en distritos particulares pero que no tienen un arraigo nacional, es decir son una multiplicidad, una atomización que no alcanza a conformar una verdadera oposición…

Diego Raus: En un sistema representativo no hay ni un solo oficialismo ni una sola oposición. El oficialismo no es uno solo, expresa alianzas, de hecho este gobierno está haciendo lo imposible por generar alianzas y algunas medio a “contrapelo” o en virtud de la ingeniería electoral - sobre todo en algunas provincias -, y por el otro lado una oposición que a lo mejor no es orgánica en términos peronismo-radicalismo pero que, como bien decía Norberto (Ivancich), hay que leerlas no solamente en términos del caudal de votos de cada partido opositor sino como se cruzan esos votos. Y por otro lado leer una elección que es nacional pero que a su vez expresan particularidades provinciales. Entonces en muchas provincias vas a tener muchas oposiciones que parecen divergentes, heterogéneas pero que si seguramente recogen idearios, mensajes, ideas, propuestas de política, confluyen en un punto. La Argentina tuvo generalmente un sistema representativo que dio cuenta de oposiciones y oficialismos de alguna manera, en algún momento muy totalizantes - peronismo y radicalismo -, pero eso ya sabemos que se deshizo hace tiempo y este sistema mucho más fragmentado sin embargo es rico en ese sentido, en hacerse responsable de la legitimidad pero a su vez saber que esa legitimidad ya no es un voto uniforme. El voto que te da la legitimidad es muy heterogéneo también. Y creo que un buen gobierno tiene que saber leer eso, no pensar que el 40% para Kirchner en octubre va a suponer un 40% de votos peronistas reconstituidos. No creo que un gobierno actualmente en Argentina pueda hacer esa lectura. Sería totalmente erróneo y no creo que estemos en esa dirección.

Sergio De Piero: Que haya pisos electorales no quiere decir que haya bloques sociales que estén detrás de esos pisos y que respondan a eso. Uno dice la oposición no está articulada pero tampoco lo está una alianza social en torno al oficialismo. Es muy fluctuante. Gente que puede votar al oficialismo puede tener una actitud muy negativa hacia el gobierno o apatía directamente. Lo que hay por detrás es una fragmentación preocupante de la Sociedad Civil. Más que esta fragmentación de la oposición política, que en todo caso tiene que ver con qué pasará con el radicalismo –termina dividiéndose en tres partidos o en dos o lo que suceda -, es la grave fragmentación de la Sociedad Civil, desde la dictadura para acá la fragmentación fue permanente. El menemismo trabajó justamente sobre esta fragmentación y la Sociedad Civil al mismo tiempo no ha concentrado la demanda, la ha fragmentado en aspectos muy puntuales. Las demandas tienden a ser cada vez más micro o bien realidades que explotan en un momento, Blumberg reúne 120 mil personas en una plaza y al año 4 mil. Movimientos que explotan y desaparecen porque no forman, no cohesionan movimientos sociales. En lo que respecta a movimientos sociales uno podría decir que todavía no ha pasado nada nuevo después del 2000. Lo de la noche del 19 de diciembre de 2001, por ejemplo: había miles de personas en la calle, pero eso no quiere decir que ahí había movimiento social. Había algo muy interesante, pero identidades sociales que conformaban un cuerpo político dentro de la Sociedad Civil no había, no hay obligación de que exista, no hay obligaciones históricas, pero de hecho los actores sociales no se recomponen tan rápido como la teoría dice.

Diego Raus: Por eso uno de los grandes dilemas de la teoría social hoy en día es la famosa cuestión del sujeto. Lo que no hay es un sujeto histórico, existieron las clases obreras como gran sujeto, que luego incluso hubo que reconfigurarlas con la modernización como hizo el Partido Comunista Italiano a principios de los ochenta y ya no hablo de clase obrera sino de clase asalariada. Pero más allá de esas reconfiguraciones siempre estuvo el sujeto de la política. Bueno hoy no hay sujeto, ¿cuál es el sujeto, las clases obreras, las clases asalariadas, los desempleados? También siempre, como bien dice Sergio (De Piero), hay una gran tentación de reconstituir el sujeto y donde hay tres cacerolas ya estamos hablando de un nuevo movimiento social y donde hay piqueteros hablamos de un movimiento que hoy en día está atomizado en veinte pedazos distintos y cooptado por algunas fracciones políticas. Entonces hay una gran necesidad de la teoría social de buscar el sujeto y en realidad ese sujeto hay que pensarlo de otra manera, a lo mejor hay que pensarlo desde la diferencia y no desde la homogeneidad como se lo tendió a pensar a lo largo del siglo XX.

Norberto Ivancich: A mí de la elección de octubre me interesa el nivel de apatía que pueda existir. Considero que no va a haber lo que fue el voto impugnación de octubre de 2001, que no fue apatía sino una militancia clara para no ir a votar, votar voto nulo y voto en blanco –eso lo descarto en esta elección -, sino me interesa el nivel de apatía que puede llegar a existir. Cuántos no votan del electorado y cuánto voto en blanco puede llegar a haber. Esto es lo único que me parece que daría percepción de hasta que punto se está reconstruyendo la actividad política con ejes que vale la pena discutir.

Pregunta: Respecto a la co-constitución entre la Sociedad Civil y el Estado ¿no se está excluyendo un factor importante como lo es el factor exterior dentro de un marco como el de los países latinoamericanos o del tercer mundo en donde cumple un papel fundamental dentro de lo que es la constitución interna de la sociedad y del mismo Estado?

Diego Raus: Sí, indudablemente. Yo en algún momento lo mencioné tangencialmente. Cuando se hablaba de esta idea Estado-sociedad y se pensaba cada construcción histórica, también hablábamos de Estado-nación o Estado nacional y, por el otro lado, de pueblo. Entonces toda esa relación Estado-sociedad se mediatizaba hacia el interior de una sociedad, hacia el interior de una historia, una cultura, etcétera. Hoy en día es lo que llamamos globalización que es cierta y no es solamente económica y obviamente interfiere mucho más en estas relaciones. Esta relación no es solo interna sino que también ahora el factor externo tiene un papel predominante. Un papel predominante pero que también hay que saber rearticular. La forma de incluir este factor externo fue claro en la década de los sesenta y de los setenta en la idea de dependencia. Dependencia, subdesarrollo, centro-periferia. Este factor externo sigue jugando, es mucho más presente ahora, pero también es mucho más heterogéneo como son heterogéneos los Estados y las sociedades. No digo que no hay que pensarlo en términos de relaciones desiguales pero ya no cabría absolutamente el concepto de dependencia para incluir este factor externo. Este factor externo, los poderes externos centrales, el imperio famoso o lo que fuera, juega y tiene un papel muy importante pero hay que ser muy sutil para ver de que manera está presente ese factor externo en los procesos Estados-sociedades internos. Antes era muy claro, ahora esa injerencia externa juega de muchas maneras no solamente por intereses económicos sino por visiones ideológicas muy fuertes del mundo tales como el eje del mal, los países del mal, el neopopulismo, el terrorismo, es decir, hay definiciones con que interviene ese factor externo que ya dejaron de ser netamente económicas –centro capitalista sobre la periferia capitalista. Entonces hay que ver también de qué manera juegan y con qué visión del mundo. Creo que el gran peligro en este mundo actual contemporáneo sobre ese factor externo, esos poderes centrales es que precisamente tiene una visión mucho más ideológica que económica. La visión de Estados Unidos, concretamente la administración Bush, hoy en día y su injerencia sobre los procesos internos en América Latina o en el resto del mundo es una visión y una acción mucho más ideológica, representación política y geopolítica del mundo, que económica. En todo caso tienen una visión más económica los países europeos que Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo permanentemente hincapié en una visión absolutamente ideologizada del mundo como es la visión conservadora; el conservadurismo es una ideología profunda. Y neoconservadurismo quiere decir rescatar ciertos valores, ciertas representaciones ideológicas, transpolarlas al mundo contemporáneo y hacerlas políticas. Llámese eje del mal, terrorismo, fundamentalismo, etcétera. Es una visión ideológica y de esa manera está este factor externo permanentemente pivoteando sobre las situaciones internas de los países. La reciente injerencia a Paraguay ya es “de terror”, alcanza un nivel burdo e impresionante; esta idea de que los militares norteamericanos no pueden ser juzgados en un país donde están haciendo ejercicios y operaciones militares hagan lo que hagan. Esto es el extremo. Creo que en los setenta a ninguna administración norteamericana se le hubiera ocurrido plantear eso. ¿Cuáles son los argumentos para esto? ¿Imponer el capitalismo, las empresas extranjeras? No ¿Por qué Paraguay entonces? Porque se supone que ahí está la triple frontera y el problema islámico en América Latina. Es más una representación ideológica lo que ahora implica la injerencia externa que una representación económica.

Pregunta: Pensando en la problemática que lleva adelante la terciarización del Estado, los problemas de legitimidad y de erosión del poder estatal, del Estado-nación….¿Qué rol juega la idea de soberanía en lo que es la reconstrucción del Estado y de la política como transformación y no ya como mera administración de recursos?

Diego Raus: Creo que Norberto (Ivancich) lo dijo en dos sentidos: en principio la cuestión de la autonomía, es decir: ni negociación “subordinándose” ni no negociación por principios. Sino negociación desde donde….porque negociación precisamente implica dos partes. Hay un parte que siempre está en condiciones desiguales. En este caso seríamos nosotros. Entonces, generar un cierto proceso de autonomía en la toma de decisiones de lo que se va a negociar es un punto. Y, por el otro lado, Norberto (Ivancich) se refería a la definición del bien público. En la actual situación de las sociedades contemporáneas, y en este caso la sociedad argentina contemporánea, definir el bien público justamente implica eso: definirlo nuevamente. No lo podemos definir a la modalidad de los cuarenta, de los cincuenta, de los sesenta o del siglo XIX. Definir el bien público tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta y cómo nosotros queremos pararnos en ese mundo. Y a partir de una correcta definición del bien público, que es un acto de autonomía y de soberanía, decir: ¿quién se hace cargo del bien que puede ser considerado no-público? ¿Los organismos multilaterales, la Unión Sudamericana, el Mercosur, el mercado, los sectores privados, las ONG, la Sociedad Civil? Definir el bien público en estas nuevas circunstancias y a partir de ahí reconstruir el Estado es una acto de autonomía y soberanía.












[1] Se refiere al Diario La Nación.
[2] Referencia al segundo encuentro del seminario Estado y Sociedad Civil en la Argentina contemporánea: “Organizaciones sociales en el Mercosur”.
[3] IV Cumbre de las Américas.
[4] Leopoldo Moreau por la UCR, Elisa Carrió por el ARI y Ricardo López Murphy por Recrear.
[5] Fecha de asunción de Néstor Kirchner.